La fiscal general de Perú denuncia a su antecesor por delitos de función

La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos. EFE/Archivo

Lima, 15 may (EFE).- La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, presentó este miércoles una denuncia constitucional contra su antecesor en el cargo, Pedro Chávarry, por la presunta comisión de delitos de función en un caso vinculado a las investigaciones de Lava Jato en el país.

El Ministerio Público informó en su cuenta oficial en Twitter que Ávalos consideró a Chávarry como instigador de la presunta comisión del delito contra la administración pública y como autor del delito contra la administración de justicia.

Detalló que en estos figuran los delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto, así como encubrimiento real y encubrimiento personal agravado en grado de tentativa.

El expediente enviado al Congreso consta de 1.490 folios y una carpeta auxiliar de otros 113 folios, referidos a la irrupción, a inicios de este año, de funcionarios vinculados a Chávarry en unas oficinas lacradas del Ministerio Público, de las que supuestamente sustrajeron documentos.

Chávarry fue investigado después de que cámaras de seguridad del edificio del Ministerio Público mostraron que estuvo presente en ese lugar el sábado 5 de enero cuando su exasesora Rosa Venegas ingresó a las oficinas que habían sido lacradas un día antes por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.

Este fiscal, que integra el equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, había allanado las oficinas del exasesor de Chávarry Juan Manuel Duarte en el marco de la investigación que sigue contra la líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple desde fines de octubre pasado 36 meses de prisión preventiva por presuntamente haber recibido dinero ilegal de la constructora Odebrecht.

La diligencia, en la que Pérez buscaba incautar documentos sobre presuntos vínculos con el fujimorismo, tuvo que paralizarse por un error formal en la numeración de las oficinas a allanarse, por lo que el fiscal ordenó que el lugar fuera precintado.

Sin embargo, las cámaras de seguridad registraron que al día siguiente llegaron al edificio Chávarry, sus asesores y miembros de su seguridad, tras lo cual Venegas declaró que el entonces fiscal general les ordenó ingresar ilegalmente a la oficina y retirar documentos.

El pasado 11 de enero, el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra Chávarry, que fue asumida por Ávalos por el rango del implicado, que a pesar de haber dejado la Fiscalía general sigue en actividad como fiscal supremo.

En su acusación ante el Congreso, Ávalos adjuntó las declaraciones ofrecidas por exfuncionarios de la Fiscalía, del Congreso y de la seguridad personal de Chávarry sobre este caso.

Ávalos juró el pasado 29 de marzo como fiscal de la Nación por los próximos tres años tras haber sido ratificada por la Junta de Fiscales Supremos en el cargo, que asumió de forma interina en enero pasado en reemplazo de Chávarry, quien renunció poco antes.

Este proceso se dio en medio de un gran escándalo de corrupción que estalló el año pasado en el Poder Judicial y el Ministerio Público por la existencia de una mafia de magistrados que negociaban sus resoluciones y cargos a cambio de favores políticos y dinero.

Además de por sus presuntos vínculos con el partido fujimorista, el exfiscal general, al que se le ha dictado impedimento de salir del país durante nueve meses, también es investigado como presunto integrante de la organización criminal «Los Cuellos Blancos del Puerto», formada supuestamente por jueces, fiscales y abogados de las cortes de Lima y el puerto del Callao.

Al asumir el cargo interinamente en enero, Ávalos anunció una declaración de emergencia del Ministerio Público para llevar adelante una serie de medidas anticorrupción que permitan recuperar la confianza en esa institución.

Además, le dio todo su respaldo al equipo especial del caso Lava Jato, que ha alcanzado acuerdos de colaboración con las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para recibir documentación y testimonios que permitan esclarecer el escándalo de sobornos a políticos y expresidentes de Perú en los últimos años.